La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha propuesto al Consejo General del Poder Judicial que expediente a la magistrada María Pilar Gismera Catalinas, que dirige el Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao, como consecuencia del gran número de pleitos que tiene pendientes de sentenciar. El órgano de gobierno de los jueces de Euskadi tomó está decisión en una reunión celebrada el pasado 11 de septiembre, después de que al menos dos letrados hayan presentado quejas por los importantes retrasos que acumulaban las demandas en las que estaban implicados. En algunos pleitos han transcurrido más de diez meses entre la celebración de la vista oral y la publicación de la resolución judicial. Un portavoz del Tribunal Superior consultado por EL CORREO declinó realizar comentarios sobre este asunto y argumentó que las resoluciones de la Sala de Gobierno del TSJPV no son públicas.
Los importantes retrasos de este juzgado de Bilbao a la hora de emitir sentencias han generado un indisimulado malestar entre muchos abogados de la capital vizcaína. En buena parte porque se trata de una jurisdicción que trata asuntos laborales «muy inmediatos» que obligan a una especial celeridad a la hora de emitir los veredictos.
Uno de los casos más famosos que ha llevado este juzgado –y que también ha sufrido importantes dilaciones en la emisión del veredicto– ha sido el de las polémicas elecciones sindicales de la Ertzaintza, que se celebraron a finales de octubre de 2014. La sección sindical de CC OO en la Policía vasca pidió que se anulasen los comicios al apreciar una serie de «irregularidades» en el proceso electoral. La vista oral se celebró en noviembre de ese año. Pero la sentencia no se publicó hasta el pasado octubre, casi un año después de la celebración del juicio. Según fuentes de la abogacía vizcaína consultadas por este periódico, la magistrada ha llegado a tener pendiente una bolsa con unos 120 juicios sin resolver que, además, no hacía más que crecer.
Vistas «larguísimas»
Los mismos medios insisten en que se trata de un problema al que se ha tratado de dar solución a través de diversas medidas que, en todo caso, no han terminado de dar el resultado esperado. Una de las decisiones que se adoptó para ayudarla a aligerar el número de casos sin resolver fue reforzar el juzgado con una jueza sustituta. La idea era que esta jueza ‘de apoyo’ se dedicase a celebrar las vistas orales para que la magistrada pudiese dedicarse en exclusiva a sacar adelante los casos que tiene pendientes. Según diversos medios, esta iniciativa ayudó a aligerar la bolsa hasta dejar en unas 80 las resoluciones pendientes.
Sin embargo, tampoco ha ofrecido los frutos perseguidos. Y el pasado 11 de septiembre la Sala de Gobierno acordó notificar al promotor de la acción disciplinaria –el Consejo General del Poder Judicial– la propuesta para que la magistrada sea suspendida de forma cautelar. Sin embargo, las fuentes consultadas por EL CORREO no supieron precisar si la sanción ha sido ya ejecutada o no. De hecho, algunos medios apuntan a que la jueza sigue trabajando en la actualidad.
En la abogacía opinan que el problema en este caso ha sido su forma de celebrar los juicios. Según dicen, más que la falta de dedicación, lo que ocurre es que tiende a realizar vistas orales «larguísimas» –en muchos casos de forma «totalmente innecesaria»– que derivan en una acumulación de pleitos por resolver. Tampoco destaca –insisten– por hacer gala de «agilidad» a la hora de redactar las resoluciones judiciales.