El Parlamento Vasco comen­zará a tramitar esta semana la ley de abusos policiales en un clima de pre­sión en contra de la norma por parte de los sindicatos de las fuerzas de seguridad estatales, y también con el rechazo de la principal central de la Ertzaintza, ErNE. La Cámara de Gas­teiz votará pasado mañana la toma en consideración de la reforma que pac­taron los gobiernos vasco y español, unas modificaciones que sirvieron de percha al presidente Sánchez para retirar del Tribunal Constitucional el recurso que había interpuesto Rajoy. No obstante, una plataforma que pre­siona sobre todo a Sánchez para que recule y que está liderada por sindi­catos policiales como el SUP quiere reactivar el conflicto judicial. Tan solo un día antes de la votación parlamen­taria del jueves, mañana mismo se van a concentrar ante el Tribunal Supe­rior de Justicia del País Vasco en una protesta en la que no participa oficial­mente ErNE, aunque el sindicato sí va a trasladar su apoyo y se personará su secretario general, Roberto Seijo. La protesta coincide con la apertura del año judicial y está pensada para cruzarse con Urkullu.

El Gobierno vasco va notar en el cogote el aliento del principal sindi­cato de la Ertzaintza, una central con quien las relaciones son siempre com­plicadas por su enfrentamiento con la consejería de Estefanía Beltrán de Heredia, y que ahora no oculta sus "dudas" sobre la ley, aunque marca ciertas distancias con la plataforma que lidera las protestas. El secretario general de ErNE, Roberto Seijo, expli­ca en declaraciones a DEJA que su central no va a participar en la con­centración porque se han introduci­do otros debates y cuestiones que no comparte, pero sí va a respaldar la protesta porque la ley que busca repa­rar los abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999 les genera "muchas dudas". Seijo argumenta, además, que la asociación de ertzainas víctimas de la violencia, Aserfavite, va a estar en la protesta, y su sindicato debe respal­darla. Su principal queja es que al Gobierno vasco, a su juicio, le ha faltado "empatía" por no negociar la ley con los agentes policiales, aunque también tiene dudas de fondo sobre las garantías judiciales y la imagen de las fuerzas de seguridad. 

El responsable de ErNE encuadra sus críticas a la ley en cuestiones de forma, pero también de fondo. Por un lado, asegura que se puede "poner en entredicho la actuación de algunos miembros de la Ertzaintza, que es víc­tima y ahora se quiere que sea verdu­go'. Por otro lado, asegura que la nor­ma no ha sido negociada con la Poli­cía vasca, cuando "se podría haber lle­gado a un acuerdo". De ahí le surge el temor a que la ley pueda arrojar la sombra de la sospecha sobre los agen­tes vascos en asuntos no juzgados.

Dice que la principal preocupación radica en las consecuencias de la nor­ma. "El problema está en que los poli­cías, y la Ertzaintza en particular, hemos sufrido las consecuencias del terrorismo y nos sentimos abandona­dos por el Gobierno vasco, que quie­re pasar página del sufrimiento. Se van a poner en entredicho actuacio­nes de algunos miembros de la Er­tzaintza, que es víctima y quieren que sea verdugo', dice. Seijo aclara que el apoyo a la protesta es puntual.

Las modificaciones pactadas entre los gobiernos de Urkullu y Sánchez dejan claro que la ley, que fue aproba­da en origen en 2016, se va a centrar en reparar a las víctimas y no va a suplantar a los tribunales ni señalar culpables, y también se refuerza el derecho al honor de las fuerzas de seguridad. A cambio, el presidente español, Pedro Sánchez, retiró el recurso que interpuso Rajoy ante el Constitucional. PNV y PSE han lleva­do la reforma al Parlamento Vasco para que se tramite por el procedi­miento de urgencia y el Constitucio­nal acuerde cuanto antes el archivo de la causa. La abstención de EH Bil­du, suficiente para aprobar los cam­bios, está garantizada. El jueves úni­camente se decidirá la admisión a trá­mite. Después arrancará el plazo de enmiendas, que dura quince días y ahora se acortará a la mitad, aunque no se descarta que el PP plantee apla­zamientos. El PP, con sus escaños en Madrid, está facultado para presen­tar otro recurso en el Constitucional. Los sindicatos policiales, por el con­trario, solo pueden recurrir a la justi­cia ordinaria, como ha hecho el SUP ante el superior vasco.