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DESPROTECCIÓN POLICIAL

31/12/2019

ROBERTO SEIJO URGEL Secretario General de ErNE

El pasado 27 de diciembre la Ertzaintza realizó tres detenciones por las agresiones sufridas por los agentes que participaron en una pelea entre bandas en el barrio bilbaíno de Sarriko. Estas agresiones a ertzainas se han vuelto cotidianas en cualquier intervención. No sólo se dan situaciones de resistencia en los arrestos, sino también directamente de atentado contra agentes de la autoridad. Y quiero subrayar que lo que realmente está en juego en estos lamentables casos, más que el tradicional principio de autoridad, es la garantía del buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas.


Se evidencia que agredir a un policía en numerosas ocasiones queda impune o tiene unas penas mínimas, lo que significa que se está desprotegiendo a los agentes. Se está dando un enfoque a la función policial primando el modelo de «policía por consentimiento» muy cómoda para los poderes públicos, pero un auténtico desastre para los policías de cualquier cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado y por extensión para la seguridad ciudadana de todo el Estado. Nuestra experiencia nos ha demostrado que las 'políticas de avestruz', a las que tan acostumbrados nos tienen los actuales dirigentes de la Consejería de Seguridad (no hay más que repasar la hemeroteca) van directamente en contra de la seguridad publica. Pero también minan la imagen y la eficacia de la Policía vasca, ya que depende directamente de la consecución de resultados.


«Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas». Esta frase es lo que dice el artículo 550 del Código Penal. Algo que parece fácil de entender pero en la práctica resulta difícil de aplicar, ya que cada vez se producen mas agresiones a policías en el ejercicio de sus funciones y apenas hay condenas ni acusaciones por este delito.


Como consecuencia de lo anterior se producen varias situaciones. Cada vez es más frecuente que se produzcan agresiones a los policías en sus actuaciones, dada la nula ejemplaridad de las sentencias, lo que conlleva actuaciones más agresivas de lo necesario en defensa propia o autodefensa de su integridad física. Los agresores condenados por lesiones a agentes de la autoridad a su vez son condenados al pago de una indemnización por las lesiones producidas, pues bien, en la mayor parte de los casos estas indemnizaciones nunca son abonadas al declararse insolvente el condenado. Se produce un efecto de impunidad elevado de forma que piensan que sale barato agredir a la policía (casos de 30 y 50 euros).


El portal hopesandfears.com ha averiguado a qué penas se enfrentan aquellos que se resisten o atacan a los agentes de la autoridad, investigando los códigos penales de diferentes países y calculando la pena máxima a la que se enfrentan los implicados en estos casos: Nueva York 15-25 años; Roma 10 años; Moscú 10 años; Toronto 5 años; Teherán 5 años; Jerusalén 5 años. En Bilbao de 6 meses a 3 años.


Todos los poderes deben implicarse en dar una solución a este grave problema. El legislativo dictando leyes que protejan de forma eficaz a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. El Ejecutivo dictando instrucciones para que esas leyes sean aplicadas de forma proporcional pero implacablemente. Y sobre todo el poder judicial, con el Ministerio Fiscal utilizando en sus escritos de acusación el delito de atentado en las agresiones a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y a la judicatura condenando por el delito de atentado y no por el de lesiones, si se presentan suficientes pruebas para ello. Si todo esto no se produce, la perdida de autoridad de la Policía irá en aumento y ello producirá, sin ninguna duda, un quebranto de la seguridad pública que irá en detrimento de toda la ciudadanía. Ya no valen operaciones de cosmética ni soluciones parciales, exige un enfoque global del problema y esto solo es posible mediante el diseño y el establecimiento de auténticas políticas de seguridad pública.



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