El Tribunal Supremo decidirá antes de un año si el Gobierno Vasco debe pagar las cantidades que se dejaron de aportar al Plan de Previsión Social Itzarri por cada funcionado de la Administración pública vasca durante la anterior crisis económica entre el año 2014 y el 2016, según han informado fuentes del sindicato ErNE a Europa Press.
El pronunciamiento del alto tribunal se llevará a cabo después de que el sindicato ErNE haya presentado un recurso de casación (previamente admitido a trámite) contra la sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha 23 de enero de 2019.
La petición del sindicato ErNE se dirigía al colectivo de la Ertzaintza y sería extensible al conjunto de empleados públicos que se encontraban dentro del ámbito de la EPSV Itzarri.
Según han explicado desde ErNE, el Tribunal Supremo decidirá la naturaleza del Plan de Previsión Social Itzarri. "Es decir, si las aportaciones al referido plan son o no salario y, en consecuencia, si el Gobierno Vasco debe ingresar a Itzarri todas las aportaciones, en favor de cada ertzaina, que no aportó por suspenderlas en la anterior crisis económica", ha precisado.
Asimismo, el sindicato ha apuntado que los efectos de la sentencia del alto tribunal "no solo serán para los ertzainas, sino que beneficiará a todos los funcionarios vascos adheridos a Itzarri". De prosperar el recurso de ErNE, el Gobierno Vasco debería pagar a Itzarri entre 900 y 1.500 euros anuales por cada funcionario, que dejó de aportar durante la anterior crisis.