El próximo 9 de septiembre entrarán en la Academia Vasca de Policía y Emergencia los aspirantes funcionarios en prácticas de la promoción número 28.
En este tiempo, según denuncia ErNE por escrito a la consejera de Seguridad, no podrán pernoctar en las instalaciones de Arkaute para realizar el curso de formación obligatorio y eliminatorio. Al no pernoctar, señalan, "se suprimen los servicios de desayuno y cena y el aspirante funcionario en prácticas debe asumir el coste de su desplazamiento diario.
Recuerda ErNE en su queja formal por escrito que "en todas las convocatorias anteriores, el curso de formación de carácter obligatorio que debían realizar los funcionarios en prácticas, se desarrollaba en régimen de internado en la Academia Vasca de Policía y Emergencias".
Esa circunstancia suponía, dicen, un único desplazamiento el lunes a primera hora y el viernes de vuelta a sus domicilios. Mantienen que esta modificación sustancial de las condiciones laborales "no ha sido compensado, ni con el aumento de sus retribuciones, ni con el abono de indemnizaciones por gastos de desplazamiento", lo que califican de "precarización de sus condiciones laborales" y, por añadidura, un freno a la opción laboral de ser ertzaina "en un momento en que existe una necesidad acuciante de renovación de efectivos".
El sindicato mayoritario de la Ertzaintza considera que "la consejería de Seguridad está fomentando la precariedad laboral de sus funcionarios en prácticas" porque "mientras está realizando el curso en Arkaute, el sueldo de un ertzaina en prácticas es de 585 euros". El máximo responsable de ErNE, Roberto Seijo, señala en la SER que, descontados manutención y gastos de desplazamientos diarios, les queda una cantidad insuficiente "y ridícula" para mantener a sus familias y pagar sus hipotecas "por lo que algunos de estos ertzainas van a tener que verse obligados a solicitar préstamos" para sufragar su propia formación. Pide Seijo que se revierta esta situación y que, como mínimo, puedan recibir la cantidad establecida como Salario Mínimo Interprofesional.
A la queja formal registrada ante la consejera de Seguridad, se suma la denuncia que trasladarán a los grupos parlamentarios la próxima semana.