Han pasado un año y nueve meses desde que el sindicato Erne y otras organizaciones de la Ertzaintza se concentraron por última vez frente al Parlamento Vasco. Este lunes ErNE -la central de mayor implantación en la Policía vasca- ha vuelto a convocar una protesta coincidiendo con la celebración del primero de los plenos para la aprobación de los presupuestos de 2020.
Llevaban meses, años, habiéndolo convertido en una rutina. Incluso el lehendakari, Iñigo Urkullu, llegó a reprochárselo. Pero aquella mañana de marzo de 2018 se produjo "un antes y un después", en palabras del secretario general de ErNE, Roberto Seijo. Había fallecido en San Mamés un agente antidisturbios y la situación se desbordó. Ertzainas manifestantes se encararon con ertzainas de servicio. El Departamento de Seguridad que dirige Estefanía Beltrán de Heredia llegó a aplicar la 'ley mordaza' o ley de seguridad ciudadana a ErNE.
Pero los ánimos encendidos -se valoró incluso una huelga encubierta- dejaron paso a una negociación que cristalizó en algunos acuerdos, como la modernización de la unidad antidisturbios (Brigada Móvil), la segundad actividad por edad (llamada SAM) o, más recientemente, la reforma de la Ley de Policía. Los sindicatos, explica Seijo en declaraciones a este periódico, confiaban también en cerrar un nuevo convenio y en recuperar una vieja promesa del exconsejero socialista Rodolfo Ares que nunca cumplió, la aplicación de la denominada "carrera profesional horizontal".
Pero ahora esa negociación ha saltado por los aires. ErNE sale a la calle, indica Seijo, para forzar a moverse al equipo de Beltrán de Heredia. "No vamos a abandonar el Parlamento hasta que cumplan la palabra dada", avisa el líder de Erne, que anuncia otra movilización -y con más sindicatos- para el segundo pleno de presupuestos, el del 27 de diciembre. Seijo explica que el nuevo convenio quedó "muy avanzado" antes de las vacaciones de agosto y que desde entonces nada más se ha sabido. Y sobre la "carrera profesional" lamenta que "el bajo absentismo vaya a condicionar el 100%" de los pluses y no "el 45%", como se había convenido. Su aplicación supondría "4.000 euros brutos entre 2020 y 2023", recuerda Seijo preguntado por lo que tienen en juego en la nómina los 7.500 ertzainas. Añade que "en Osakidetza los tribunales han obligado a pagarla" a los profesionales afectados.