El Tribunal Supremo ha solicitado ya al Gobierno vasco que envíe alegaciones al recurso interpuesto por los sindicatos ErNE (el mayoritario en la Ertzaintza) y ELA (el de mayor implantación en Euskadi) y que busca una devolución de las cantidades no abonadas entre 2012 y 2017 a los complementos de Itzarri, como se denomina la EPSV de los funcionarios y empleados públicos autonómicos (unos 90.000). De aceptarse la reclamación sindical, el abono podría rondar los 61,4 millones si se tiene en cuenta el presupuesto de 2018 -el pago del 1% supuso 20,8 millones- o 93 millones si se atiende al gasto en 2011.En medios judiciales se estima que el alto tribunal podría poner fin a este contencioso en unos seis meses.
El problema con las EPSV de los funcionarios se remonta a 2012. En plena crisis económica anterior, el Gobierno de Mariano Rajoy prohibió las aportaciones a este tipo de complementos salariales dentro de un paquete mayor de recortes, que en 2011 habían sido equivalentes al 3% del salario. En 2013 el PNV pactó con el PP en las Cortes Generales el levantamiento del veto, pero el Gobierno de Iñigo Urkullu no llegó a pagar a Itzarri en 2014, 2015, 2016 y 2017 aunque desde 2014 435 de los 474 contribuyentes de Elkarkidetza -como se llama la EPSV de las instituciones locales y forales vascas- sí empezaron a cumplir los compromisos adquiridos.
ErNE primero -para los más de 7.000 agentes de la Ertzaintza- y ELA después -para el conjunto de la Administración- hicieron un primer intento infructuoso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y ahora celebran la admisión a trámite de su recurso de casación en el Supremo y que hace unos días (el 14 de octubre) la sala de lo contencioso-administrativo se dirigiera a la Administración autonómica para que presentara sus alegaciones. Los sindicatos consideran que es derecho adquirido que debe ser respetado y que nunca debió ser suprimido porque no había habilitación legal para eliminar retribuciones que "no tienen carácter salarial".
Roberto Seijo, secretario general de ErNE entiende que la sentencia podría afectar también a los ejercicios que siguen al de 2017. Aunque en 2018 ya se abonó el 0,5%, en 2019 el 1% y en 2020 el 1,5%, nunca se ha llegado al 3% de 2011. "Volveríamos a reclamar hasta que se cubra el 3% en estos tres años en caso de que tengamos una sentencia favorable del Tribunal Supremo", explica Seijo.