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Ni insultos ni perdones: ecuanimidad

09/02/2021

¿Qué modelo defienden los detractores de la Ertzaintza?

Correo 9 Feb 2021ROBERTO SEIJO Secretario general de ErNE


Recientemente la Ertzaintza ha recibido críticas por parte de algunos partidos con representación en el Parlamento vasco porque, a su entender, ha existido una mala praxis en las actuaciones practicadas por ella y las policías locales para combatir botellones, fiestas ilegales, desordenes públicos, incumplimiento de las normas sanitarias contra el coronavirus y demás actos incívicos. Estos sucedidos violentos nos retrotraen a épocas pasadas, a la ‘kale borroka’ que fue considerada terrorismo por la Audiencia Nacional y que tanto daño hizo a personas, bienes materiales privados y públicos, y todo ello a cargo del erario. Otros prefieren calificarla «mozkorra borroka» y los profesionales de la seguridad como lo que es: delincuencia violenta.


En noviembre de 2016, Amnistía Internacional, dentro del programa ‘Policía y derechos humanos’, publicó las directrices para la aplicación de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El informe detalla que es importante tener presente el carácter extremadamente exigente de la profesión de aplicación de la ley: en el desempeño de su trabajo diario, los funcionarios hacen frente a una amplia variedad de situaciones que a veces requieren decisiones instantáneas, para las que han de hacerse difíciles valoraciones sobre la respuesta adecuada, a menudo en circunstancias de gran tensión e incluso peligrosas. En tales situaciones deben contar con la orientación, instrucciones y apoyo de un marco jurídico y operativo que les permita tomar las mejores decisiones posibles.

Por consiguiente, este marco ha de percibirse como fuente de apoyo –y no como carga– en las situaciones difíciles, pues proporciona un fundamento jurídico sólido para actuar, instrucciones y orientación operativas que ayudan a tomar las decisiones adecuadas, y equipo y capacitación, que permiten a los funcionarios llevar a la práctica estas instrucciones.

La creación de dicho marco es en última instancia responsabilidad del Gobierno y de la jefatura de mando del organismo encargado de hacer cumplir la ley, que deben garantizar una actuación policial eficaz, lícita y respetuosa de los derechos humanos. Además, es un elemento esencial de la obligación del Estado de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de todas las personas.


El documento tiene como objetivo orientar sobre la manera en que los Estados y los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben llevar a la práctica los cuatro principios (legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas) y las consideraciones legales subyacentes en lo relativo al uso de la fuerza contra personas. Conviene señalar, sin embargo, que estos cuatro principios deben regir toda acción del Estado que repercuta en los derechos humanos; en particular, todo uso de las facultades policiales debe ser conforme con estos principios. En este documento se publican diez directrices que abarcan los requisitos del marco jurídico nacional y el establecimiento de un marco operativo para el uso de la fuerza y de armas de fuego.


Desde Er.N.E. reclamamos a todos los partidos con representación en el Parlamento vasco, y que tan críticos se muestran con las actuaciones de la Policía vasca en su actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad y la seguridad ciudadana, que realicen las gestiones parlamentarias oportunas para que estos principios básicos de actuación que promulga Amnistía Internacional se hagan realidad en la Policía vasca, aunque algunos igual se quedan perplejos al comprobar que la Ley de Policía del País Vasco los contempla explícitamente en su gran mayoría.


Como sindicato mayoritario de la Policía vasca, nos gustaría conocer sinceramente cuál es el planteamiento de los detractores incombustibles de ella respecto a la naturaleza de su función, su orientación hacia el ciudadano dentro de un servicio publico esencial y las políticas públicas de seguridad que desarrollaría su modelo, si es que lo tienen. Va siendo hora de superar cualquier perspectiva que contemple el papel de la Policía vasca en un momento dado y a partir de unas circunstancias coyunturales. Es el momento de conocer cuáles son los condicionantes que genera nuestro modelo social y, a la luz de ello, analizar qué se espera de la Policía vasca, qué eficacia se demanda y cuál es su imagen; es decir, cuál es la percepción social del cumplimiento de su misión. La solución no es ni pedir perdón ni calificarla como ‘cipaya’. Garantizamos que hay soluciones mucho más ecuánimes.


La imagen positiva de la Policía vasca tiene que derivar de la dignificación y de la profesionalización del trabajo policial, incardinando la función del policía vasco en el servicio a la colectividad mediante la provisión y la prestación de unos servicios de seguridad pública eficaces y de calidad.



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