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El sindicato Erne de la Ertzaintza denuncia en Europa la ley de seguridad privada española

01/05/2014

El congreso de policías europeos advierte de que la norma que prepara el Gobierno de Rajoy, que permite a los vigilantes practicar detenciones, afectará a los derechos de los ciudadanos

La Ley de Seguridad Privada que prepara el Gobierno del PP setopó ayer con el frontal rechazo de Eurocop. La organización que representa amás de 500.000 policías de 27 países de la Unión Europea, y que esta semana seha reunido en Vilna, la capital de Lituania, no ocultó su preocupación por las«graves consecuencias» que el proyecto legislativo español puede tener en los«derechos» de los ciudadanos. Se trata de una ley, insistió, que sigue la mismalínea de los «recortes en los servicios públicos» que se están produciendo enotros países europeos y que agranda la brecha de las «desigualdades sociales».«No podemos permitir que sólo los pudientes disfruten del derecho a laseguridad», subrayó el alemán Jörg Bruchmüller, representante del comitéejecutivo de Eurocop.

 

La organización formuló estas advertencias a raíz de laexposición que el sindicato ErNE, mayoritario en la Ertzaintza, realizó sobrela futura ley de seguridad privada durante la clausura del congreso. Surepresentante Juanjo Llaguno explicó a los demás delegados sindicales que estanormativa concede a los vigilantes de seguridad la «capacidad de detención»,entre otras facultades que también criticó. Llaguno explicó que se trata de unamedida muy controvertida, pues descarga en trabajadores de empresas privadas,que no han superado oposiciones ni tienen la misma formación que losfuncionarios públicos, una atribución que si se ejerce de modo incorrecto puedevulnerar los «derechos fundamentales».

 

Recortes públicos

 

El representante de ErNE insistió que la futura ley de seguridadprivada se enmarca en un problema mucho «más profundo», como es la «utilizaciónde la crisis económica» para «reducir los servicios públicos» y para privatizarotro tipo de prestaciones con la «excusa de que no son sostenibles», como ya haocurrido «con la sanidad». El delegado vasco recordó que uno de los objetivosde los servicios públicos de seguridad es establecer un marco que posibilite lasuficiente «garantía de independencia» para proteger a los ciudadanos tambiénde los poderes políticos. Sin embargo, añadió, el proyecto del Ejecutivo deRajoy abre la puerta a que los gobiernos recorten o vayan amortizando lasplantillas de Policía para sustituirlas por guardas jurados «disfrazados» deagentes. «La seguridad en manos privadas sólo garantizaría la protección parael que la pueda pagar», auguró Llaguno. «Este proyecto también ha encontrado elrechazo de las asociaciones de jueces y de las asociaciones que defienden losderechos humanos», terció el portavoz de la Asociación Unificada de GuardiasCiviles (AUGC), Juan Antonio Delgado. «No se puede mercadear con los derechosde los ciudadanos».

 

Durante su exposición, Erne instó a Eurocop a que se movilice endefensa de las prestaciones públicas y lleve esas reclamaciones a los despachosde los organismos comunitarios. El comité ejecutivo de Eurocop, que dirige lasueca Anna Nellberg, recogió el guante. En la medida que se trata de unfenómeno global, se comprometió a recabar datos de los distintos socios de laUnión Europea para conocer al detalle cómo están afectando estas medidas entodos los cuerpos de seguridad; a solicitar nuevas reuniones sobre este temacon representantes de la Comisión Europea y, por último, a presentar lasconclusiones en el nuevo cónclave de Eurocop que se celebrará en Berlín elpróximo otoño.

 

Varios delegados europeos tomaron la palabra para explicar susexperiencias. El más gráfico fue el representante de la Policía griega, quedenunció que en su país las deportaciones de inmigrantes ilegales ordenadas porel Gobierno son realizadas por empresas seguridad privada. «No podemos ignorarmás los efectos de las privatizaciones», proclamó.

 

Un miembro de la Policía de la República Checa añadió que lossindicatos consiguieron frenar en ese país un proyecto político para despedir a10.000 policías y sustituirlos por guardas jurados, pero recalcó que la«amenaza sigue muy presente». «Es un tema muy serio», subrayó el delegado deEslovaquia.

 

El alemán Jörg Bruchmüller concluyó el debatealertando de que en las ciudades cada vez se ven más «ricos que viven en unaespecie de jaulas» protegidas por vigilantes privados, a los que se vanconcediendo nuevos espacios. Ese, apuntó, no se debe ser el modelo a seguir delas instituciones públicas, que se deben a todos los ciudadanos, a pesar de quese vean en la necesidad de conseguir fondos económicos. «Por eso se deben ponerlímites a la seguridad privada», finalizó el dirigente de Eurocop.


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