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Alarma por los ataques a policías en Bizkaia

05/05/2024

ErNE ha iniciado una campaña, en la que ha enviado escritos a medio centenar de ayuntamientos para instarles a que se presenten como acusación particular

Aumentan en Bizkaia los casos de atentados y de resistencia grave a los agentes, que denuncian que están perdiendo autoridad.

Los agentes denuncian que pierden paulatinamente autoridad. Cada día se producen dos casos de atentado a la autoridad o resistencia grave a los uniformados.


Bizkaia se ha convertido en un territorio complicado para ejercer como policía: hubo de media dos ataques al día a agentes de la autoridad durante 2022, el último año del que hay estadísticas oficiales. No pagar la OTA en Bilbao conlleva una sanción administrativa de 100 euros. Pegar a un policía puede llegar a castigarse con una multa incluso menor. Y eso cuando la denuncia termina en sentencia. Según los sindicatos policiales, «apenas hay condenas por este delito». El atentado contra la autoridad está recogido en el artículo 550 del Código Penal, que establece penas de entre 1 y 4 años de cárcel y multa de tres a seis meses a quien agreda, «con intimidación grave o violencia» a los agentes de la ley.


Y eso que «atentados hay todos los días», confirma un miembro de la Policía Municipal de Bilbao que ha sufrido recientemente uno de estos ataques. En concreto, según los datos extraídos de la última memoria publicada por la Fiscalía de Bizkaia correspondientes a 2022, ese año se registraron 551 delitos de atentado, de los que sólo 201 acabaron con una sentencia en los tribunales y tres de ellos conllevaron una medida de prisión. Además, también se contabilizaron 293 casos de resistencia grave a la autoridad, por ejemplo un forcejeo sin llegar a los golpes o una negativa reiterada al requerimiento de los policías, que está menos penado. Lo dicho: cada día se producen de media en Bizkaia más de dos ataques a policías.


La pasada semana, por ejemplo, en apenas cuatro días fueron agredidos cuatro policías municipales de Bilbao y un ertzaina. A tres de ellos les mordieron perros, de la raza pastor belga Malinois, en los parques de Eskurtze y Etxebarria. En el primer caso, fue el dueño quien azuzó al animal contra los uniformados cuando le iban a identificar y fue detenido por un delito de atentado. Al otro se le escapó cuando los ertzainas atendían un enfrentamiento entre dueños de perros. El último episodio se produjo cuando una patrulla de la Policía local fue requerida por la camarera de un bar de San Francisco para que le ayudaran con un cliente agresivo. Los policías trataron de tranquilizarle, pero el hombre se lanzó contra ellos. Agarró del cuello a uno de los patrulleros, le golpeó y le mordió en un dedo. Afortunadamente, las lesiones no fueron graves, pero los policías causaron baja laboral para recuperarse.


Según las centrales ErNE y Esan, el reducido número de condenas relacionadas con este tipo de hechos está motivado por «la falta de acusación». Denuncian que en estos casos la Fiscalía no acusa de atentado sino del delito de lesiones y los responsables de los cuerpos policiales no se presentan como acusación particular, pese a que son casos que «afectan gravemente a sus trabajadores». Las consecuencias directas son la «indefensión» en que se deja a los policías y la «sensación de impunidad», que crece entre los delincuentes, y por ende la pérdida grave de autoridad que aqueja a los uniformados.


Para luchar contra ello, ErNE ha iniciado una campaña, en la que ha enviado escritos a medio centenar de ayuntamientos, en cuyas policías locales cuentan con representación, para instarles a que se presenten como acusación particular «en cualquier atestado policial o denuncia por atentado contra sus policías».


Chalecos y guantes


Además, se han reunido con el director de Coordinación de Ertzaintza y Policías locales del Gobierno vasco, Asier Erkoreka, así como con la presidenta de Eudel, y tienen previsto un nuevo encuentro con el presidente de la Asociación de Jefes de Policías Locales de Euskadi (AJEPLE).


Estepan Goioaga, que además ejerce como jefe de la Policía Municipal de Galdakao, considera que desde su posición deben ofrecer a los agentes «herramientas de protección porque en la calle puede pasar cualquier cosa», como «los guantes anticorte, el chaleco antibalas, totalmente extendido ya en las plantillas porque los modernos son más ligeros y llevables», y uniformes de calidad. Goioaga cree que la pérdida de autoridad «no es exclusiva de la Policía», y que «el modelo ha cambiado y nosotros también tenemos que evolucionar».


La central les pide también que medien con la Fiscalía. La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, sin querer entrar en polémicas, lamenta que «quienes lo viven en primera línea tengan esa percepción subjetiva», aunque advierte de que los delitos «hay que acreditarlos a lo largo de la investigación, no sirve con lo que se percibe al principio, y a veces no hay testigos ni lesiones». «Lo que empieza como un robo con violencia, por ejemplo, a veces se queda en un hurto. Este es el sistema y así debe de ser».


Agredir con intimidación grave o violencia, el delito de atentado, tiene una pena seria, prisión de uno a cuatro años. «Luego hay otros tipos penales. El fiscal debe «aquilatar el abanico de posibilidades». Adán se compromete a «seguir trabajando con rigor».


Por su parte, César Charro, del Observatorio vasco de Seguridad, y que ejerció como policía local de Getxo, aprecia tres motivos para esa «evidente» pérdida de autoridad. En primer lugar, «los propios dirigentes, cada vez que hay un problema tienden a culpar al policía. Le quitan la razón y anuncian la apertura de expedientes. Tenemos que estar sometidos a un control, está clarísimo, pero transmitir la imagen de que la Policía se desboca con frecuencia para salvarte tú, genera en el ciudadano la sensación de que se le atropella».


«El trabajo del policía no es aguantar insultos sino velar por que se cumplan las leyes».


Charro achaca a los jueces un «uso abusivo de la libertad provisional», que exige tres requisitos, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal: que no pueda destruir pruebas, ni reincida ni se fugue. «Y en algunos casos, como en la agresión a Alex en Amorebieta, se produjeron los tres». Eso provoca «una sensación de impunidad en la sociedad», unido a que «la Justicia tardía no es Justicia». En su opinión, «priorizar los derechos del delincuente produce una merma de los del resto de la sociedad».


Por último, el experto en seguridad observa desde la pandemia, que «la juventud entiende que divertirse es un derecho, pero no está por encima del derecho a la vida y al descanso de los demás». «Es que han llegado a sacar a botellazos a la Brigada Móvil, que se ha batido el cobre en las manifestaciones más violentas, y la mayoría eran menores». Por debajo, subyace, según Charro, «un complejo» a que se repita un caso Cabacas. Propone como método disuasorio en estos casos «un mes de cárcel antes de que salga el juicio». «Dar todos los derechos a una minoría que delinque le quita los suyos al resto».


El profesor agregado del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPV/EHU, Jonatan García, considera que la «devaluación» del concepto de autoridad está relacionado con la «mala prensa» que arrastra la Policía porque en el pasado «se confundía con el autoritarismo y la imposición frente a la capacidad de interlocución más valorada en la actualidad», y la «desafección» con las instituciones, también con los políticos. El discurso de los partidos antisistema, que ponen en duda la democracia también cala. De forma que, algunos jóvenes pueden pensar: «¿quién eres tú, por mucho que te pongas una txapela roja, para decirme lo que tengo que hacer?».


ErNE Sindicato policial

«La falta de acusación en los casos de atentado genera indefensión en los policías y hace crecer la sensación de impunidad entre los delincuentes»




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