El Tribunal Supremo acaba de exonerar al Gobierno vasco de la obligación de tener que abonar cerca de 200 millones de euros extra al plan de pensiones complementario de sus funcionarios, a Itzarri EPSV. Los sindicatos ErNE y ELA reclamaban que el Ejecutivo abonase los compromisos de pensiones correspondientes al periodo comprendido entre 2014 y 2016, en el que no se hizo tal aportación a pesar de que no había una prohibición legal expresa para hacerlo, como sí ocurrió en años anteriores.
De esta forma, el Supremo da la razón a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que el 23 de enero de 2019 también desestimó la reclamación sindical. Su argumento fue que aunque desde 2014 ya no estaba prohibido hacer esas aportaciones, ello no implicaba que el Ejecutivo estuviera «obligado» a su realización. Por ahora, el Supremo sólo ha comunicado el fallo a las partes, pero no la argumentación de la sentencia, por lo que habrá que esperar unos días para conocer exactamente las razones de la misma.
ErNE y ELA reclamaban las aportaciones del 3% para todos los trabajadores dependientes del Gobierno vasco –en concepto de salario diferido–, inicialmente hasta 2016, ya que si la sentencia les era favorable exigirían también los pagos de 2017. Hasta 2018 el Ejecutivo vasco no retomó los abonos a los planes de pensiones de sus funcionarios, que se canalizan a través de Itzarri EPSV.
Tras conocer el sentido del fallo, el secretario general del sindicato de la Ertzaintza ErNE, Roberto Seijo, mostró su total desacuerdo y adelantó que analizarán si es posible recurrir al Tribunal Constitucional o al Europeo. Recalcó que «es una injusticia» que el Gobierno vasco siga discriminando económicamente a sus funcionarios y recordó que aún sólo se está aportando un 2%, cuando debiera ser un 3%.